Desde el 15 de octubre, el agua llega por turnos a más de 600 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. La causa es doble: el sistema antiguo que trae el agua desde Chapala se suspendió por las descargas que contaminan el líquido, y el acueducto que debía relevarlo sigue siendo un proyecto.
El 8 de octubre el gobierno estatal envió al Congreso la iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara bajo un esquema llamado CMRO: una empresa privada pone el dinero, levanta la obra, la opera y la mantiene, y el Estado le paga durante 20 o 25 años. La construcción se cotiza en 11 mil 922 millones de pesos, pero el techo de pagos alcanza 39 mil 688 millones a 20 años y 48 mil 296 millones a 25, sin IVA.
La diferencia no está en el concreto: son los intereses del financiamiento, la recuperación del capital y la operación. El gobierno sostiene que el agua no se privatiza, que el Estado conserva la rectoría y que el esquema no genera deuda. Colectivos y especialistas responden que el modelo traslada por décadas las decisiones operativas a un particular, y que la Comisión Estatal del Agua solo podría cubrir con recursos propios entre 19% y 21% de los pagos anuales; el resto saldría del presupuesto estatal.
En el Congreso, el trámite tampoco avanzó al ritmo que pedía el calendario. La sesión del 15 de octubre, donde la iniciativa debía turnarse a comisiones, se suspendió por falta de quórum: no asistieron los 11 diputados de Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador. La bancada justificó su ausencia como una decisión para no entorpecer el diálogo entre el gobierno federal y el estatal; la oposición y los colectivos la llamaron boicot.